La organización criminal de falsas ofertas de vivienda que con fundaciones negociaba lotes de antiguos narcos en Valle: así estafaban a sus víctimas

Un terreno de 152.000 metros cuadrados en zona rural del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, que tiempo atrás quedó bajo extinción de dominio relacionado con narcotráfico y que ha estado bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se volvió un área por la que estafadores les ofrecen lotes a ciudadanos en Jamundí para que levanten sus viviendas.

Por esta y otras áreas fue capturada toda una presunta red delincuencial señalada de estafar a la ciudadanía con falsas ofertas de viviendas, lotes, fincas y proyectos productivos, utilizando bienes que están bajo la administración de la SAE, como bienes de antiguos narcotraficantes que pasaron a ser de extinción de dominio, administrados por el ente del Estado.

En Jamundí, según su Alcaldía, se trata de una peligrosa estructura criminal que, a través de engaños como contratos simulados, autenticaciones notariales, visitas guiadas a predios y supuestos “aportes voluntarios”, habrían logrado recaudar más de 2.000 millones de pesos en esta localidad del sur del Valle del Cauca.

La operación, según la alcaldía de Jamundí, fue ejecutada el 10 de julio de este 2025, gracias a labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por tropas del Batallón de Infantería N°8 Batalla de Pichincha, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, con la Policía Nacional, dentro del marco del 'Plan de Campaña Ayacucho'.

Los lotes han sido vendidos a unos 4, 6 o hasta 8 millones de pesos, cada uno, como una manera de fomentar invasiones o nuevos asentamientos ilegales en estas tierras.

Es que en Jamundí no solo se trata del narcotráfico por parte de grupos armados, como los disidentes del frente 'Jaime Martínez' con fuerzas aliadas con carteles mexicanos. También hay una mafia que promueve la venta de terrenos para generar estas ocupaciones irregulares de tierras.

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha venido haciendo la denuncia en este año, manifestando que los delincuentes aseguran a la gente, cuando se hacer la venta, que la SAE y la misma administración municipal dieron las autorizaciones, lo que por supuesto, es totalmente falso, insistió la mandataria local. Este polémico predio se llama San Isidro.

Delegados de la SAE visitaron este año el predio llamado San Isidro y comprobaron que es un terreno en Jamundí que durante los últimos años fue comercializado parcialmente a familias del municipio y de otros del Valle del Cauca y del Cauca.

Según la SAE, la venta carecía de normas legales, teniendo en cuenta que el terreno está en manos de la entidad después de ser incautado a través de extinción de dominio.

Entre los capturados están:

El presunto líder de la organización.

El abogado encargado de elaborar contratos y reclutar víctimas.

El supuesto coordinador de visitas y topografías a predios de la SAE.

Un hombre señalado de recibir los dineros y firmar contratos en nombre de la red. 

Hay un quinto capturado que se encuentra encarcelado, quien daría todas las órdenes. 

Según las autoridades, las víctimas serían, en su mayoría, mujeres cabeza de hogar y personas en situación de desplazamiento, quienes fueron convencidas a través de fundaciones utilizadas como fachada.

"La alcaldía de Jamundí resalta el resultado de esta operación como un importante avance en la lucha contra el delito y la protección de la ciudadanía, e invita a denunciar cualquier modalidad de estafa a través de los canales oficiales", indicaron en esta administración.

Según la Fiscalía, la acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de cinco presuntos integrantes de la red delincuencial que estarían involucrados en la estafa a población víctima del conflicto armado y madres cabeza de hogar, con la supuesta venta de bienes administrados por el Estado en varios municipios de Valle del Cauca.

Se trata de Álvaro José Correa Jaramillo, Gerardo Antonio Carvajal, José Eliécer Torres Camilo, Julio César González Ruiz y Andrés Felipe Herrera Jiménez, a quienes un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.

De acuerdo con la investigación, estas personas habrían concertado vender ilegalmente casas, apartamentos, fincas, terrenos para proyectos productivos, entre otros bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para esto utilizaban documentos falsos, como escrituras públicas, cartas catastrales, planos topográficos, promesas de venta, certificados de tradición y contratos de corretaje.

"El material probatorio da cuenta de que contactaban a las víctimas, entre las que también se encontraban fundaciones sin ánimo de lucro y las atraían con supuestas visitas a los lugares para establecer los precios de los inmuebles. Asimismo, recaudaban dinero bajo la fachada de aportes voluntarios que serían utilizados para financiar la papelería, escrituras, contratos y autenticaciones notariales, que acompañarían la compra", informaron en la Fiscalía.

Pero, estas actividades ilegales se estarían adelantando en inmuebles no solo de Jamundí, también en Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. Los procesados se habrían apropiado de 850 millones de pesos, en solo 16 eventos, entre junio de 2020 y enero de 2024.

Correa Jaramillo sería el presunto cabecilla del grupo y articulador de las actividades ilícitas. Carvajal, en su calidad de abogado, se encargaría de tramitar los contratos de compra/venta.

Por su parte, "Torres Camilo era la persona que, al parecer, conseguía los planos topográficos de los bienes y González Ruiz, sería quien recaudaba los dineros y firmaba los supuestos contratos de compra/venta".

Cuatro de los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional a viviendas en Cali (Valle del Cauca).

Entre tanto, Herrera Jiménez fue notificado en un centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.

Durante los operativos judiciales fueron incautados dos computadores, una tableta digital, tres memorias USB, nueve celulares, cinco agendas y cinco carpetas con documentos como cartas catastrales, certificados de tradición, promesas de venta, y documentación con logos de la entidad de Estado.

En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías tres de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. En cuanto a Gerardo Antonio Carvajal y Julio César González Ruiz, la medida lo cobija en su lugar de residencia.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali