La airada orden que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le dio a su secretario de Movilidad en plena reunión con representantes del gremio de taxistas

En un contundente giro en la política de movilidad urbana, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio una orden directa al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco: reforzar sin contemplaciones los operativos contra el transporte ilegal en la ciudad.

El pronunciamiento del mandatario local llegó en medio de una creciente ola de protestas por parte de los taxistas, quienes el pasado 23 de julio protagonizaron un paro masivo bajo el lema #J23, denunciando la proliferación de vehículos particulares que operan como transporte público sin cumplir con regulaciones, seguros ni controles de calidad. 

“Tienen que atacar la ilegalidad”, exigió de manera enérgica uno de los líderes del gremio. Y el alcalde no se quedó atrás: “Yo le digo al secretario, al subsecretario y a los agentes que están aquí con nosotros: no quiero oír más denuncias de que los agentes están multando una pista de taxis al lado de una pista de piratas".

"Entiendo la dificultad de hacerlo, pero se acabó. Sobre todo, si hay tiempo para multar a los taxis, debe haber más tiempo para multar a los piratas”, sentenció el mandatario de los caleños, desatando una ovación entre los presentes.

El mensaje, claro y directo, marca un antes y un después en la estrategia de control vial de la ciudad.

Cabe mencionar que la reunión, convocada tras semanas de tensión, respondió a un pliego de cinco puntos presentado por los taxistas: seguridad, seguridad vial, combate a la ilegalidad, mejora de la operatividad y cumplimiento de funciones por parte de los agentes de tránsito.

Mientras se fortalece la ofensiva contra el transporte ilegal, la Alcaldía dio marcha atrás, de manera momentánea, otra medida que había generado polémica semanas atrás: el uso de cepos para inmovilizar vehículos mal estacionados.

Durante este periodo, no se impondrán sanciones. En su lugar, funcionarios de Movilidad realizarán una campaña pedagógica, con el firme propósito de informar, educar y concienciar a los ciudadanos sobre el uso del cepo, su sustento legal y su finalidad: recuperar el espacio público.

La decisión se basa en un sondeo realizado por la Personería entre 600 ciudadanos, cuyos resultados revelaron que el 74,3 % considera que la medida no fue socializada adecuadamente. Aunque el 49 % la aprueba, el 44,8 % se muestra en desacuerdo, y un 64,3 % cree que existen alternativas menos invasivas. Además, el 63,1 % percibe los operativos de control como insuficientes.

“No se trata sólo de sancionar, sino de generar conciencia”, afirmó el personero Gerardo Mendoza, quien destacó que el objetivo es construir una movilidad más responsable, no criminalizar al conductor.

Pese al respaldo del alcalde, los líderes del gremio mantienen su posición firme de exigir resultados en la lucha contra el transporte informal o ‘pirata’.

Óscar Villegas, representante de la Veeduría Nacional de Transporte y la Fundación Dios y Gremio, recordó que hace un año se realizó una protesta similar con las mismas exigencias. “Volvemos a movilizarnos porque no vemos avances concretos. Hoy celebramos la orden, pero la expectativa está en el cumplimiento”, afirmó.

Ahora, todos los ojos están sobre la secretaría de Movilidad, de la cual se esperan más acciones contra la ilegalidad más allá de las palabras, y que el cepo, cuando regrese, lo haga con transparencia, educación y justicia.