Rechazan el asesinato de una lideresa campesina en Cauca: la mataron en su casa frente a sus hijos pequeños

La violencia no da tregua en el Cauca. Hombres armados asesinaron a la lideresa Angie Leandra Henao Zambrano. Era una reconocida campesina y madre cabeza de hogar, quien hacía parte activa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Con el apoyo de vecinos y líderes de la comunidad, el cuerpo de la lideresa fue trasladado hasta el hospital del municipio de Puerto Tejada, donde ingresó sin signos vitales.

“A los grupos armados y bandas delincuenciales les exigimos que respeten la vida del campesinado. Bajo ninguna circunstancia se justifica que atenten contra nuestras vidas”, expresó la ANUC en un comunicado público, donde también exigen garantías para seguir trabajando por las comunidades rurales.

Angie Leandra era una mujer ampliamente respetada en su comunidad por su liderazgo social, su compromiso con la defensa de los derechos de los campesinos y su participación activa en procesos comunitarios. Su asesinato ha causado conmoción en el municipio y reavivado las alarmas sobre la grave situación de derechos humanos en la región.

Desde la ANUC se elevó un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice seguridad, justicia y condiciones dignas para la población rural, y se pidió el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), para monitorear la respuesta institucional frente a este tipo de crímenes.

“¡La vida campesina se respeta!”, cierra con contundencia el pronunciamiento.

Este homicidio ocurre en medio de un contexto de creciente violencia en el norte del Cauca, donde se reportan enfrentamientos armados entre distintas estructuras disidentes de las antiguas Farc. 

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 019 de 2024, advirtiendo del riesgo inminente para líderes sociales y población civil debido a la confrontación entre los frentes ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Yair Bermúdez’, además de la presencia de bandas locales en disputa por el control territorial.

Pese a la militarización del territorio, bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos violentos continúan desbordando la capacidad institucional.

Con el asesinato de Angie Henao, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabiliza 68 líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año, 17 de ellos en el Cauca.

Horas antes del asesinato de Angie Henao, se registró un ataque sicarial dentro de un supermercado, en Popayán, capital del departamento del Cauca.

Las víctimas fueron identificadas como Angi Maritza Sánchez Salazar y José Arias, quienes fueron abordados por dos hombres armados que llegaron al lugar en motocicleta.

La mujer falleció en el sitio, mientras que el hombre fue trasladado en estado crítico a un centro médico.

Ante estos hechos, la alcaldía de Popayán y la Policía Metropolitana ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables. 

“Hay cámaras y testimonios clave. Esperamos resolver esta situación lo más pronto posible”, afirmó Víctor Fuly, secretario de Gobierno de la ciudad.

Capturan red que surtía de combustible a disidencias armadas

En otro golpe a las estructuras ilegales que operan en el suroccidente colombiano, una operación conjunta entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército permitió la captura de cuatro personas señaladas de suministrar combustible a la estructura ‘Jaime Martínez’, una de las disidencias más activas de las Farc.

Según las investigaciones, esta red operaba desde estaciones de servicio rurales ubicadas en Morales (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca), donde desviaban hidrocarburos con destino al procesamiento de droga, la minería ilegal y el abastecimiento logístico de los grupos armados.

Durante los allanamientos en Popayán, Morales y Cali, se incautaron más de 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, vehículos, un arma de fuego, equipos electrónicos y documentos clave que comprometerían a los capturados con delitos como concierto para delinquir agravado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

Los detenidos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

MICHEL ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

Popayán